Time Ceramics: cómo pisotear la soberanía nacional desde adentro.

El pasado 5 de febrero, en el marco del 109º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum proclamó con énfasis que “México no se doblega ni se vende”, reiterando que la soberanía nacional es innegociable.

En dicho discurso, la presidenta afirmó que defender la soberanía es un pilar de la política nacional y destacó la importancia de reformas constitucionales que, según sus palabras, fortalecen la independencia del país frente a presiones externas.

Sin embargo, esa retórica solemne contrasta con hechos concretos que ponen en entredicho la idea de una soberanía ejercida con rigor, y uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de la empresa china Time Ceramics.

Time Ceramics fue un proyecto chino impulsado en 2022 en Hidalgo para instalar una planta industrial gigantesca en un predio agrícola de 80 hectáreas, aprovechando concesiones de agua que estaban protegidas por decretos federales, lo que desde el inicio lo colocó en un limbo legal.

Más allá de los beneficios y la legitimidad que conlleva la inversión, esta operación tuvo implicaciones que van más allá de lo comercial: implicó violaciones a normas ambientales y de uso de suelo, permisos cuestionables, supuestos acuerdos con autoridades locales y la eventual invasión de tierras agrícolas sin el debido proceso legal, algo que no coincide con una soberanía que prioriza el orden jurídico por encima de intereses particulares.

En la práctica, ese episodio expuso cómo intereses privados pueden operar dentro de una lógica de “defensa de soberanía”, cuando en realidad se benefician de la debilidad regulatoria y de la permisividad estatal para facilitar proyectos que alteran el uso del territorio nacional sin transparencia ni consulta pública. El resultado: una instalación industrial nacida de una concesión impropia y clausurada por irregularidades, incluidos trabajadores en condiciones de explotación y perforaciones de pozos ilegales.

Este contraste entre la narrativa oficial—centrada en que “México no se vende”—y la realidad de casos como Time Ceramics muestra una paradoja: la soberanía proclamada desde actos oficiales suele invocarse frente a presiones externas, mientras que en el ámbito interno queda debilitada cuando intereses particulares y acuerdos opacos transforman recursos y territorio en mercancía antes que en patrimonio nacional.

Con la llegada de la 4T al Ejecutivo, el titular de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, prometió que la corrupción se acabaría, que México viviría una época de “transformación”, sólo que omitió un “pequeño” detalle: la corrupción no se crea ni se destruye, solo cambia de estafeta, hoy en manos de MORENA.

La soberanía no solo se mide por la capacidad de resistir presiones extranjeras, sino por la coherencia para aplicar de manera igualitaria las leyes y proteger al país desde adentro. Cuando se permite que proyectos industriales avancen sin respetar decretos federales, concesiones de agua agrícola o normas ambientales —y cuando esas mismas autoridades defienden esa apertura como “desarrollo soberano”— el discurso de defensa nacional pierde sustancia y se convierte en un eslogan vacío frente a hechos que afectan directamente al territorio y al bienestar de las comunidades.

Time Ceramics no es solo un caso aislado: es una señal de cómo, bajo la bandera de la soberanía, se pueden justificar prácticas que benefician a unos pocos a costa del patrimonio colectivo y del orden legal. En este contexto, decir que “no se vende México” resulta paradójico cuando un proyecto cuestionado opera con ventajas que deberían ser incompatibles con una verdadera protección soberana.

La soberanía no se defiende solo con consignas, sino con acciones transparentes y respeto irrestricto a la legalidad interna. Y en el caso de Time Ceramics, esa defensa no se ve reflejada: lo que hay es una narrativa que excluye los hechos mientras los impactos materiales y jurídicos quedan a merced de intereses mal regulados.