Cruz Azul: del reportaje en Tula al operativo sorpresa de la Fiscalía

Semanas antes del operativo ejecutado esta madrugada por la Fiscalía, #LaOtraVerdad con Lourdes Mendoza ingresó a la planta de Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, y documentó lo que los socios denunciaban: despojo, amenazas, falta de electricidad y un conflicto legal que lleva más de cinco años sin resolverse.

Hoy, tras una orden judicial emitida por un juez del Estado de México, autoridades ejecutaron una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera. El despliegue incluyó presencia de fuerzas de seguridad para resguardar el perímetro. Hasta el momento, se reportan más de veinte personas detenidas, sin lesionados ni fallecidos. El punto central del conflicto es que los 180 socios que resguardaban la planta aseguran contar con amparos judiciales vigentes que les otorgaban la guardia y custodia del inmueble. Es decir, el operativo se realizó en un contexto donde existían resoluciones judiciales previas que protegían su permanencia. La disputa por el control de la Cooperativa Cruz Azul comenzó en agosto de 2020, tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez. Desde entonces, José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel asumieron la presidencia de los Consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente. Un sector de los más de 700 socios originales sostiene que ese relevo fue irregular y que quienes no respaldaron a la nueva dirigencia fueron marginados. La planta de Tula se convirtió en el principal bastión de resistencia. En los meses recientes, los cooperativistas denunciaron intentos de toma del inmueble, daños a infraestructura estratégica y la suspensión del suministro eléctrico desde agosto de 2022, pese a existir una orden judicial de reconexión. También presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos y despojo de bienes vinculados a la cooperativa. El operativo de esta madrugada marca un nuevo capítulo en esta disputa. Semanas atrás, cuando #LaOtraVerdad estuvo en la planta, los socios hablaban de incertidumbre jurídica, presión institucional y temor ante un posible desalojo. Hoy, ese escenario se materializó con una acción ejecutada bajo mandato judicial, pero en medio de amparos vigentes que, según los trabajadores, debían impedirlo. El conflicto ya no es únicamente interno. Involucra decisiones judiciales de distintas entidades, presencia de fuerzas de seguridad y acusaciones cruzadas de uso político de la ley. Lo que ocurra en los próximos días será determinante para definir si este caso se resuelve en tribunales o escala a un conflicto político mayor.