La imputación por “terrorismo” contra el periodista Rafael León representa un grave precedente para la libertad de expresión

Foto: Redes Sociales

La detención y posterior imputación de delitos graves contra el periodista Rafael León Segovia, también conocido como Lafita León, ha generado una profunda preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión en México y Centroamérica. El caso ha sido seguido con especial atención debido a que, de confirmarse los señalamientos, podría sentar un precedente altamente peligroso en el uso del sistema penal para criminalizar el ejercicio periodístico en el estado de Veracruz. 

El pasado 24 de diciembre, el mismo día en que se llevó a cabo su detención, Rafael León fue notificado formalmente de la imputación de diversos delitos, entre ellos terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La información fue difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz a través de un comunicado oficial. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación tiene su origen en hechos directamente relacionados con la labor periodística que León ha desempeñado durante años, particularmente en la cobertura de nota roja, en un contexto marcado por violencia estructural y la presencia de redes de macrocriminalidad en el sur de la entidad. 

Diversas organizaciones y especialistas han advertido que la imputación de estos delitos resulta desproporcionada y parece orientada a garantizar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esta medida tiene como consecuencia inmediata la privación de la libertad del periodista y, de manera indirecta, el freno a su labor informativa. En fechas recientes, Rafael León había documentado y difundido información relacionada con hechos de violencia criminal y presunta delincuencia organizada, contenidos que habrían podido afectar intereses tanto de grupos delictivos como de autoridades estatales, al exponer públicamente el grave panorama de inseguridad que prevalece en la región. 

Información compartida al medio de comunicación ARTICLE 19; señala que el periodista ha sido objeto de hostigamiento sistemático desde hace varios años. Este patrón incluye la apertura reiterada de carpetas de investigación que, en ocasiones anteriores, han sido desestimadas por falta de fundamentos, lo que ha evidenciado presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía. Dichos antecedentes refuerzan la preocupación de que el aparato penal esté siendo utilizado como un mecanismo de presión, intimidación y criminalización contra su trabajo informativo. 

De acuerdo con el testimonio público de Garddiel León Oropeza, hijo del periodista, la detención ocurrió alrededor de las 8:55 de la mañana, cuando Rafael León salía de su domicilio. El operativo fue realizado por agentes ministeriales y, según lo denunciado, estuvo acompañado de diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan la sustracción de un vehículo estacionado y el presunto robo de dinero en efectivo, hechos que agravan la inquietud sobre la legalidad, proporcionalidad y transparencia del actuar de las autoridades involucradas. 

En declaraciones a medios de comunicación, Garddiel León expresó: “Mi padre no es terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no lo consideran así, ¿cómo van a acusar de terrorista a un periodista que solo hace su trabajo?”. Añadió que la persecución en contra de su padre no es reciente, ya que previamente se habrían registrado ataques materiales, como el daño a su vehículo con ácido, así como investigaciones financieras intrusivas que no arrojaron resultados. Estas declaraciones refuerzan la percepción de un patrón previo de asedio que hoy parece escalar hacia una forma más severa de criminalización. 

En este contexto, resulta especialmente preocupante que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, haya descartado públicamente que la detención del periodista esté relacionada con actos de censura. En declaraciones recientes, afirmó que en la entidad “perdura la libertad de expresión, incluso con exceso”, y sostuvo que “nadie es coartado” y que “todos son iguales ante la ley”. Estas afirmaciones han sido cuestionadas por organizaciones civiles, que consideran que minimizan la gravedad del caso y desestiman los riesgos que enfrenta el periodismo en contextos de alta violencia. 

De acuerdo con la información, uno de los principales argumentos de la acusación se basa en que Rafael León recibe avisos o notificaciones sobre hechos de interés informativo a través de su número telefónico y que, en algunas ocasiones, es de los primeros periodistas en llegar al lugar de los acontecimientos. No obstante, el número telefónico del periodista es de carácter público y se encuentra vinculado a sus redes sociales y plataformas informativas, una práctica habitual en el ejercicio periodístico, particularmente en la cobertura de nota roja, donde la información proviene de múltiples fuentes abiertas y ciudadanas. 

Este argumento resulta improcedente, ya que el contacto con fuentes diversas —incluidas fuentes anónimas o abiertas— forma parte esencial del ejercicio periodístico. La protección de las fuentes informativas es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la reserva de las fuentes constituye un elemento indispensable para garantizar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, al tiempo que protege a quienes proporcionan información de posibles represalias. 

Asimismo, estándares internacionales en materia de libertad de expresión señalan que recibir información, incluso de manera no solicitada, no constituye una conducta ilícita. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que criminalizar estas interacciones implica una forma indirecta de censura y una restricción indebida al derecho a informar. 

Informar sobre hechos de interés público no es un delito; por el contrario, es una función esencial en cualquier sociedad democrática. Casos como el de Rafael León generan un efecto inhibidor sobre el flujo de información, particularmente en regiones donde prevalecen altos niveles de violencia y operan estructuras de macrocriminalidad. El proceso en su contra se suma a otros casos recientes y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como instrumento de intimidación y represalia contra periodistas y medios de comunicación. 

La situación jurídica de Rafael León Segovia se definirá el próximo 30 de diciembre. Mientras tanto, el periodista permanece en prisión preventiva oficiosa. Por la gravedad de los hechos y el riesgo de que este caso siente un precedente negativo a nivel nacional, el expediente ya se encuentra bajo seguimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

Ante este panorama, ARTICLE 19 ha exigido a las autoridades estatales y federales el cese inmediato de la criminalización del ejercicio periodístico, el respeto irrestricto al debido proceso y la aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. Asimismo, ha reiterado la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas para Rafael León, su familia y su entorno, así como de asegurar un entorno libre de represalias para quienes ejercen el periodismo en Veracruz.