Rubén Rocha Moya regresó al gobierno de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República concluyó que no encontró elementos para proceder penalmente en su contra por los señalamientos formulados desde Estados Unidos y, con ello, el gobernador con licencia volvió al cargo como si nada hubiera pasado.

Pero el problema nunca fue únicamente jurídico.

El problema es político.

Porque la pregunta que hoy debería hacerse cualquier ciudadano no es solamente si la FGR encontró o no pruebas suficientes.

La pregunta es otra:

¿Por qué Morena ha defendido a Rubén Rocha Moya con tanta firmeza desde el primer día?

Desde que fiscales del Distrito Sur de Nueva York lo señalaron por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la reacción del oficialismo fue inmediata.

No hubo distancia.

No hubo prudencia.

No hubo una investigación política interna.

Hubo respaldo.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar pruebas. Morena cerró filas. La narrativa oficial cambió del contenido de las acusaciones a la defensa de la soberanía nacional.

Y ahí comenzó el verdadero debate.

Porque nadie discute que cualquier persona merece la presunción de inocencia.

Lo que sí resulta legítimo cuestionar es por qué un gobierno que prometió combatir la corrupción reacciona siempre igual cuando los señalamientos alcanzan a uno de los suyos.

Con Rosario Robles fue distinta la historia.

Con Ricardo Anaya también.

Con decenas de adversarios políticos bastó abrir una carpeta de investigación para convertirlos en culpables ante la opinión pública.

Con Rubén Rocha Moya ocurrió exactamente lo contrario.

Primero se defendió.

Después se relativizaron las acusaciones.

Y finalmente regresó al cargo.

Como si nada.

Pero mientras eso ocurría, Sinaloa seguía siendo uno de los estados más golpeados por la violencia.

Miles de homicidios.

Miles de desapariciones.

Empresas cerrando.

Inversión huyendo.

Comunidades viviendo bajo el miedo.

Nada de eso desapareció con el anuncio de la FGR.

Porque la ausencia de una imputación penal no elimina la crisis de gobernabilidad que vive el estado.

Tampoco borra las imágenes de una elección de 2021 marcada por denuncias de secuestros de operadores políticos.

Ni las investigaciones periodísticas.

Ni las declaraciones de empresarios.

Ni las denuncias de periodistas que han documentado durante años el deterioro de la seguridad en Sinaloa.

La pregunta entonces cambia de forma.

Ya no es únicamente qué encontró la Fiscalía.

La pregunta es:

¿Qué costo político estaba dispuesto a pagar Morena con tal de sostener a Rubén Rocha Moya?

Porque si el gobernador hubiera pertenecido a la oposición, resulta difícil imaginar una defensa tan cerrada desde Palacio Nacional.

Y eso también erosiona la confianza ciudadana.

No porque sustituya la presunción de inocencia.

Sino porque alimenta la percepción de que existen dos varas para medir.

Una para los adversarios.

Otra para los aliados.

Las democracias no se deterioran únicamente cuando se viola la ley.

También se deterioran cuando la ciudadanía deja de creer que la ley se aplica igual para todos.

Rubén Rocha Moya regresó al gobierno.

Eso ya ocurrió.

Lo que todavía no regresa es la confianza.

Porque mientras Morena celebra que no hubo elementos suficientes para proceder penalmente, millones de mexicanos siguen viendo un estado atrapado por la violencia, un sistema político incapaz de disipar todas las dudas y un gobierno que, una vez más, decidió cerrar filas antes que abrir preguntas.

Y quizá esa sea la interrogante más importante de todas.

No qué encontró la Fiscalía.

Sino qué está dispuesto a defender Morena, incluso cuando el costo político parece cada vez más alto.